Más allá de ser una moda, debe convertirse en un objetivo central de las políticas públicas...
En Honduras y Nicaragua (...), las estrategias no han abordado el tema de la calidad del empleo...
Pese a que en el Programa de Gobierno de la UNE la cohesión social no fue un tema destacado (sólo seis menciones de carácter más bien secundario), el presidente Colom le asigna un lugar central en el discurso y en la práctica de su gobierno, al extremo de que en la reciente Cumbre Iberoamericana planteó que debía convertirse en una moda para los gobiernos de la región.
La cohesión social es desde hace un buen tiempo uno de los temas centrales de la política social de la Unión Europea. En la Cumbre de Lisboa de 2000 fue definida como “la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miem-bros, minimizar las disparidades y evitar la polarización: una sociedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo com-puesta por individuos libres que persiguen estos objetivos comunes por medios democráticos”.
En los términos anteriores, la cohesión social constituye una meta no solamente plausible, sino que obligada para toda so-ciedad, especialmente para una como la guatemalteca, caracterizada por un nivel casi intolerable de desigualdad. Conse-cuentemente, más allá de ser una moda, debe convertirse en un objetivo central de las políticas públicas, sirviendo como una especie de hilo conductor que le dé sentido y coherencia a todo el accionar gubernamental.
Sin embargo, hasta la fecha, y en medio de la polémica que genera el desorden y la dificultad para fiscalizar (por parte de los órganos públicos que tienen mandato para ello, incluyendo el Congreso de la República) y auditar socialmente, que se obser-va en la ejecución de los programas del denominado Consejo de Cohesión Social (que sigue sin tener existencia legal, pues lo que se creó por acuerdo gubernativo es una Comisión Interinstitucional de Cohesión Social), vemos que las acciones vincula-das con la cohesión social se limitan a las políticas sociales, y no parece que se esté buscando conectarlas con la política eco-nómica.
En materia social, las transferencias a familias en situación de pobreza, condicionadas a la asistencia a la escuela y a los servicios de salud, constituyen el plato fuerte de las acciones que impulsa el Gobierno. Esta figura de las transferencias goza de amplio respaldo por parte de los organismos internacionales de cooperación, pero, personalmente considero que, como señalaba una presentación de Segeplán sobre política social de julio de 2007, “un empleo de calidad es la mejor transferen-cia”. Sin embargo, podrían justificarse en la medida en que tengan un carácter temporal y que vayan acompañadas de otras medidas que generen capacidades en las familias, para evitar que se genere dependencia y conformismo con la recepción de los aportes.
Las transferencias forman parte de las estrategias de reducción de la pobreza (ERP), que se implementan en varios países, en-tre ellos Honduras y Nicaragua, y las lecciones que deja su implementación (mencionadas en un estudio del ICEFI del año 2007) pueden ser de utilidad. Una de ellas es que las estrategias no han abordado el tema de la calidad del empleo y se quedan en el asistencialismo. Otra, el caso de Honduras, donde el Programa de Asignaciones Familiares viene desde 1990, la ERP no ha incidido en la reducción de la pobreza, que entre 2001 y 2005 se mantenía en el mismo nivel (65.2% a 65.8%), y no se observan cambios significativos en la reducción del trabajo infantil, en el aumento de la matrícula de primaria y en la disminución de la deserción escolar.
Opinión del lector
Guillermo Castañeda Lee - Guatemala
La mejor asistencia que se puede proporcionar a una comunidad, es ayudándole a crear entes que le aseguren su subsistencia. Desafortunadamente estas no dejan untada la olla, como la dejan las remesas en efectivo. Ud. puede quebrarse la cabeza haciendo análisis, pues aunque tenga la razón, no va ser oído. Los diputados prefieren este sistema de remesas, pues con lo que no reparten, los han salpicado.
