Un contrato establecido hace cinco años entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y la empresa In-tergames para la operación de locales de videolotería es ilegal y lesivo, según la entidad fiscalizadora del país y el abogado del Estado.
Ello, porque la institución deportiva habría violentado la Constitución Política de la República y las leyes de Contrataciones del Estado, para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, y la Orgánica de la CDAG, al haber delegado el servicio a la empre-sa, cuando se tuvo que haber efectuado licitación pública.
Dicha firma opera con 5 salas de juego en igual número de departamentos, y ofrece opciones como bingo, lotería, combinación de símbolos, entre otras.
El 3 de junio pasado, la diputada Anabella De León hizo una primera solicitud a la Contraloría General de Cuentas (CGC) para que revisara dicho contrato (lea: Posturas).
Dos semanas después, la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad opinó: “...tanto la Asamblea General como el Comité Ejecutivo de la CDAG incurrieron en violaciones legales al haber otorgado, por delegación, la administración de juegos de vi-deolotería a la entidad Intergames de Guatemala, Sociedad Anónima...”.
A criterio de la CGC, la lesión a la Constitución se da en su artículo 154, el cual expone que los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Posteriormente, la Contraloría trasladó el expediente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que ésta, luego de un pro-nunciamiento, iniciara el procedimiento que terminara en la nulidad del contrato (vea Piden nulidad y lesividad).
La parlamentaria envió otra carta, esta vez a la PGN, para que acelerara una opinión sobre la papelería remitida por la CGC. El 8 de julio, el abogado del Estado coincidió con el ente fiscalizador: el contrato violentaba varias leyes.
“El acuerdo de delegación para la instalación, operación, manejo y administración de juego de videolotería, contenido en el con-trato número 9 autorizado en esta ciudad el 4 de abril de 2003, y su modificación y ampliación es NULO DE PLENO DERE-CHO”, dice el dictamen No. 2704-08 de la PGN, en una de sus conclusiones.
No obstante, en el documento oficial se especifica que el jefe de la PGN, Baudilio Portillo Merlos, debe “atacar” de nulidad y lesivi-dad el convenio ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero a solicitud del presidente de la República.
Por lo pronto, el expediente está en manos de la Secretaría General de la Presidencia, para análisis.
“El PGN tiene la facultad y la obligación de actuar de oficio, si constata desmedro de los intereses del Estado; para actuar no puede estar esperando instrucciones del Presidente, aunque éste tiene la facultad de ordenar y dar instrucciones precisas al Procurador en cualquier asunto”, responde Carlos Larios, secretario general.

Reglamento vs. leyes
Víctor Hugo Alonzo, asesor del Comité Ejecutivo de la CDAG, explicó que no tienen conocimiento alguno de las opiniones de la CGC y PGN, pues el contrato con Intergames se concretó con base en el Reglamento del Régimen Jurídico para la Autoriza-ción de Loterías, Quinielas, Concursos o Sistemas de Vaticinios Deportivos.
En dicha normativa se autoriza a la Confederación a que, por administración directa, pueda delegar o concesionar la operación directa y asociada. “En una citación con la diputada (Anabella De León) hemos dicho que estamos en ley”, expresó Alonzo.
Empero, el artículo 4 del Reglamento hace referencia al número 3 de la Ley del Organismo Ejecutivo, el cual, según la PGN, esta-blece la delegación de las funciones de gestión administrativa y ejecución de servicios públicos, únicamente para ese organismo, no así para la CDAG, la cual no es parte del mismo.
“Una disposición reglamentaria no puede contrariar a una norma ordinaria de superior jerarquía”, dice el dictamen, al referirse también a la Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, que en su -artículo 213 establece la licitación pública para las concesiones que sobre el particular otorgue la Confederación.
Durante dos semanas se intentó obtener la versión del actual presidente de la CDAG, Sergio Castro, e incluso se había programado una entrevista, pero, en su lugar, este matutino fue atendido por Alonzo, y Castro no respondió llamadas posteriores.

Defienden contrato
Aunque la Confederación canceló el contrato con Intergames este año, aduciendo que no cumplían a cabalidad con el pago de fianzas e impidió la auditoría para corroborar sus ingresos, representantes de la empresa aseguran que el convenio sigue vigen-te.
“El contrato sigue vigente, pero ellos nos lo cancelaron arbitrariamente en abril de este año al decir que no habíamos pagado la fianza y cosas falsas”, dijo Sandor Dori, presidente de Intergames, al asegurar que cuentan con las pruebas del caso (lea Ver-siones).
Asimismo, el abogado de esa empresa, Roderico Martínez, coincide con Alonzo al afirmar que no existe ilegalidad, pues el con-trato es por delegación -como lo dice el Reglamento-, y no por concesión.
“Si se pide lesividad por cuestión política, no lo podemos evitar, pero no nos afectaría de inmediato, ya que el Ejecutivo tendría que acudir a un tribunal de lo contencioso administrativo, y eso lleva tiempo”, detalló.
Siglo Veintiuno visitó una de las salas de juego de Intergames, ubicada en Quetzaltenango, y se corroboró que operaba nor-malmente. En algunas de las puertas de las instalaciones únicamente se hacía referencia a que algunos de los ingresos son destinados para el equipo de fútbol Xelajú MC


VERSIONES
El contrato número 9 del 4 de abril de 2003, y sus posteriores modificaciones, fueron cancelados por la CDAG, aduciendo que Inter-games les impidió efectuar una auditoría sobre sus ingresos, para corroborar que lo reportado a la Confederación correspondiera al porcentaje establecido en el convenio.
Según Víctor Hugo Alonzo, asesor del Comité Ejecutivo, se recibe el 12% de utilidades, y de la fecha del establecimiento del contrato, al 31 de diciembre de 2007, la CDAG recibió Q5.1 millones.
“El aporte constitucional es destinado a las confederaciones, mientras que los ingresos por el alquiler de instalaciones y vaticinios (como videoloterías), se utilizan para viáticos o pasajes”, detalló.
Entretanto, Sandor Dori, director de Intergames, refirió que se han cumplido con las fianzas y que no se entregaron los libros de la em-presa a un supuesto auditor porque éste “no estaba acreditado por nadie”.
En tanto que el abogado Roderico Martínez resaltó que, debido a un recurso de revocatoria contra la cancelación, presentado ante el Comité Ejecutivo de la CDAG, el acuerdo sigue vigente. “Mientras el Comité no resuelva en definitiva, el asunto está en suspenso y, por lo tanto, el contrato se sigue aplicando”, añadió.


POSTURAS
Anabella De León, diputada del PP, manifestó preocupación por la demora en la declaratoria de nulidad, la cual, cinco años después de suscrito el contrato, aún no se ha dado.
“Esos son casinos, y en mi opinión, son centros que se prestan para el lavado de dinero y otros ilícitos”, consideró.

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la delegación es ilegal, y opina que la CDAG debería ser sancionada, y sostiene que no es la primera vez que esa entidad desacata la ley.
“Lo único que tal vez puede detener a estas autoridades de seguir con prácticas poco transparentes, sería con una sanción ejemplar. No basta con multas irrisorias, sino medidas que lleven a procesos de destitución y hasta penales”, sentenció.